Las circunstancias de la justicia que John Rawls propuso, siguiendo a David Hume fueron definidas como “las condiciones normales bajo las cuales la cooperación humana es tanto posible como necesaria ¿habrá que preguntarse por la política? ¿existen unas circunstancias esenciales al buen ejercicio de la política? ¿son las condiciones de elección, ejecución rendición de cuentas y control suficientes para satisfacer las exigencias de la soberanía popular?
La respuesta empírica sería inexorablemente negativa y eso, por supuesto, llama a una revisión del sistema o por lo menos a una reflexión concienzuda de nuestro medio, porque, definitivamente, en Colombia no se dan esas exigencias: la corrupción es rampante y la respuesta de los entes de control más parece una competencia por el rating de los “grandes” medios de comunicación nacionales.
Al mismo tiempo, las prioridades de la agenda política nacional están dictadas por los medios de comunicación: ¡es más importante un hueco en Bogotá que las inundaciones del Bajo Cauca antioqueño! Aunque hay medios de comunicación serios, lo cierto es que no logran salir del altiplano a conocer la verdadera Colombia. Basta cambiar el canal de uno nacional a uno regional para darse cuenta que Colombia son muchos países.
El presidente Santos se hizo elegir sobre un estilo de gestión inmediata, a la mejor manera del hoy expresidente Uribe, pero de aquello no queda sino el recuerdo. Se ha dedicado Santos a cuidar su imagen: nada más que eso. Para él las inundaciones son el karma de su gobierno y no el de millones de Colombianos que literalmente tienen el agua en la cintura. Suponemos que eso son tonterías al lado de la Reina Isabel, que sí tuvo la sensibilidad de cuestionar el tema.
Que equivocado está el presidente cuando comenta que el invierno no lo ha dejado gobernar: el invierno no ha dejado vivir a los colombianos en condiciones dignas. Además, éste invierno, que no es anterior, estaba avisado. No se vaciaron las represas en previsión de lo que podía pasar y está pasando. De Manizales mejor ni hablemos, aquél tema merece una columna entera. Pero bien decía el expresidente Uribe: “este es un gobierno de anuncios y no de hechos”.
Pero la gente no se deja engañar: la popularidad de Santos ha bajado alarmantemente y eso sí que lo debe tener preocupado a un Presidente que dice que sólo consideraría la reelección si no cumple sus metas, cuando los reelegibles son los presidentes exitosos y no los que fracasan en sus gestiones.
Pero Santos tiene buena estrella. Los golpes a las Farc le han servido para mantener el aura de popularidad que nunca debió tener. El exitismo -así lo negaran- fue la estrategia que mantuvo al presidente a la orden del día, porque lo demás, incluyendo a su “nuevo mejor amigo” no atrae a las personas decentes sin intereses burocráticos. En fin, lo único bueno que pareciera tener esta presidencia es su oficina de prensa, que maquilla los fracasos como éxitos rotundos: !esto es el mundo al revés!
El presidente Santos ha traicionado los principios que lo eligieron. Muchos de nosotros votamos por él para evitar la oposición y porque Andrés Felipe Arias, aquél promisorio sucesor, fue boicoteado, nada menos, que en Antioquia. Pero quedamos con la oposición en el Gobierno y con el doctor Álvaro Uribe en la oposición: sin duda el peor de los mundos ¿qué nos queda? Hacer oposición valerosa, desde nuestros principios liberales (me refiero a la ideología y no al partido), esperanzados en que la inmensa mayoría que acompaña a Uribe, fuera de la alta alcurnia de los clubes bogotanos, sepan corregir el camino y Uribe liderarlo.
En Medellín, a los 20 días de diciembre de 2011
lunes, 19 de diciembre de 2011
martes, 29 de noviembre de 2011
El Ministro y los “Empresarios de Pacotilla”
El Ministro y los “Empresarios de Pacotilla”
Por supuesto que el fraude cometido por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” no sólo compromete su ética, pero también su responsabilidad disciplinaria y penal. Igualmente, todos debemos exigir de los entes de control las más prontas conclusiones a tan vergonzoso hecho: que mal hemos quedado ante los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.
Pero igualmente graves han sido los señalamientos infundados del señor Ministro de la Justicia, en el sentido de que los abogados que representan causas contra el Estado colombiano son empresarios de pacotilla y quieren aprovecharse tanto del Estado como de las víctimas mismas.
Hay que poner las cosas en orden. El Estado colombiano comete diariamente daños en disfavor de personas que no tienen otro remedio que acudir a la justicia contencioso administrativa buscando una reparación integral. Segundo, se trata de procesos judiciales ante jueces independientes, por donde pasa que no hay ninguna estrategia truculenta más allá de las buenas y legales tácticas que los abogados de ambas partes usen para sacar adelante las pretensiones de las partes que representan. En ese sentido, las manifestaciones del Gobierno son irresponsables porque hacen presumir ante la opinión pública que quienes demandan son unos avivatos. Se trata no menos que de una doble victimización, un señalamiento vil que, de contera, pone en peligro sus vidas y, al menos, su reputación.
Igualmente irresponsable el Gobierno cuando anuncia que con el dinero que se ahorraría si no hubiera tantas demandas habría más escuelas y caminos para los pobres, más oportunidades para los jóvenes y otras promesas utópicas. Eso es cierto. Pero la solución no es que las víctimas no demanden, sino, al contrario, que el Estado no cometa daños contra aquellos, que profesionalice su burocracia, que no siga con la locura actual de crecerla cada día más, que les infunda el valor de lo público.
Más grave aún. Si estos procesos se ventilan ante la justicia contencioso administrativa y el Gobierno presume que aquello desangrará fiscalmente al Estado, está, nada menos, que poniendo en tela de juicio la independencia e imparcialidad de aquellos jueces administrativos y demostrando la negligencia de sus propios funcionarios en la defensa de los intereses del Estado. Quienes diariamente estamos ante estrados judiciales sabemos que eso no es así, pero las declaraciones efectistas del Gobierno buscan la debilitación de oenegés que ciertamente utilizan la justicia como arma política teniendo en un segundo plano a sus clientes.
Que el ejercicio del derecho en cualquier área es un negocio no debe sorprender a nadie. Los procesos que involucran graves violaciones a los derechos humanos necesitan del mejor talento jurídico para salir adelante. ¿por qué debería ser el altruísmo la única motivación para adelantar este tipo de casos? Eso lo único que lograría es que quienes están de hecho ya desprotegidos por su condición de víctimas estén en una desventaja aún mayor en un litigio contra un Estado con ilimitados recursos para defenderse.
Por mi parte, seguiré buscando y defendiendo causas justas, graves, que involucren las más admirables causas de derechos humanos y si soy un empresario de pacotilla por aquello: bienvenido sea!
Por supuesto que el fraude cometido por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” no sólo compromete su ética, pero también su responsabilidad disciplinaria y penal. Igualmente, todos debemos exigir de los entes de control las más prontas conclusiones a tan vergonzoso hecho: que mal hemos quedado ante los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.
Pero igualmente graves han sido los señalamientos infundados del señor Ministro de la Justicia, en el sentido de que los abogados que representan causas contra el Estado colombiano son empresarios de pacotilla y quieren aprovecharse tanto del Estado como de las víctimas mismas.
Hay que poner las cosas en orden. El Estado colombiano comete diariamente daños en disfavor de personas que no tienen otro remedio que acudir a la justicia contencioso administrativa buscando una reparación integral. Segundo, se trata de procesos judiciales ante jueces independientes, por donde pasa que no hay ninguna estrategia truculenta más allá de las buenas y legales tácticas que los abogados de ambas partes usen para sacar adelante las pretensiones de las partes que representan. En ese sentido, las manifestaciones del Gobierno son irresponsables porque hacen presumir ante la opinión pública que quienes demandan son unos avivatos. Se trata no menos que de una doble victimización, un señalamiento vil que, de contera, pone en peligro sus vidas y, al menos, su reputación.
Igualmente irresponsable el Gobierno cuando anuncia que con el dinero que se ahorraría si no hubiera tantas demandas habría más escuelas y caminos para los pobres, más oportunidades para los jóvenes y otras promesas utópicas. Eso es cierto. Pero la solución no es que las víctimas no demanden, sino, al contrario, que el Estado no cometa daños contra aquellos, que profesionalice su burocracia, que no siga con la locura actual de crecerla cada día más, que les infunda el valor de lo público.
Más grave aún. Si estos procesos se ventilan ante la justicia contencioso administrativa y el Gobierno presume que aquello desangrará fiscalmente al Estado, está, nada menos, que poniendo en tela de juicio la independencia e imparcialidad de aquellos jueces administrativos y demostrando la negligencia de sus propios funcionarios en la defensa de los intereses del Estado. Quienes diariamente estamos ante estrados judiciales sabemos que eso no es así, pero las declaraciones efectistas del Gobierno buscan la debilitación de oenegés que ciertamente utilizan la justicia como arma política teniendo en un segundo plano a sus clientes.
Que el ejercicio del derecho en cualquier área es un negocio no debe sorprender a nadie. Los procesos que involucran graves violaciones a los derechos humanos necesitan del mejor talento jurídico para salir adelante. ¿por qué debería ser el altruísmo la única motivación para adelantar este tipo de casos? Eso lo único que lograría es que quienes están de hecho ya desprotegidos por su condición de víctimas estén en una desventaja aún mayor en un litigio contra un Estado con ilimitados recursos para defenderse.
Por mi parte, seguiré buscando y defendiendo causas justas, graves, que involucren las más admirables causas de derechos humanos y si soy un empresario de pacotilla por aquello: bienvenido sea!
viernes, 9 de septiembre de 2011
La Inmensa e Inevitable Paradoja
Alejados de las tormentas académicas que aquejan lo que otrora fue el espacio exclusivo de la tranquilidad de cualquiera que quisiera un resquicio para el pensamiento jurídico, me dedico hoy lejos de mi recordada UPB a reflexionar sobre temas de política y derecho, que así, simple y sin creatividad, como buen abogado dirían algunos, he llamado mi blog: para qué complicar lo que se aviene cómo tal desde su propio bautizo.
Mis lectores me sabrán dispensar los espacios de comentarios personales, sean de la universidad, mi vida profesional o, incluso, mis espacios personales: que esos desatinos no los dejen perder la vista de lo que es fundamental, que no fuera otra cosa que pensar en clave jurídica y política, esto es, responsablemente, con la cabeza, sin pasiones descontroladas y huérfanas de razón alguna.
Descanso mi cuerpo a medio día, quitándoselo a mi mente, osea, veo noticias. Si las del “animalito de mar· o las del mismo dueño del más grande equipo de fútbol que dio la historia del amado deporte, nada importa, es más de lo mismo. Se toma la nota de la agencia de noticias y se empaqueta para un público que así quiere las cosas, sin complicaciones, sin el análisis.
Pero algunas cosas no escapan a la memoria: hoy captó mi atención la denegación de renuncia del juez de cargos de alias ·El Cebollero·, hombre bueno y, por lo que se ve, bastante sensato. Pero le ofrecieron todas las garantías. Que no se dijeran cuáles eran aquellas poco importó, las seguridades de las palabras eran más que suficientes. Y este reportaje tomó mi atención porque pocos días antes este amable señor se topó conmigo en el ascensor del edificio de mis padres, cordial y bien puesto me saludó sin delatar su inmensa preocupación. Yo, la verdad, creía que en ese momento se trataba de un asesor de un candidato político que también comparte propiedad horizontal con mis progenitores.
Pues que no era así: se trata de un juez penal, de los mismos que enfrentan y, muchas veces, encierran conocidos delincuentes, como “El Cebollero” y otros tantos, que están dispuestos a hacer lo que sea para conservar su libertad. Algunos de los lectores, ya aburridos con esta parte de la historia se preguntarán si no habrán leído ya demasiado, depronto si, pero esperemos que ya viene la paradoja: en abril del año 2010 el Juez Diego Fernando Escobar Gil, de la rama penal y que actuaba en el nivel del circuito perdió anunciadamente su vida por cumplir con su deber doblemente: aplicar la ley (en la sala de audiencia) y respetarla (en el día sin carro salió en transporte público y ello fue propisorio para su homicidio).
Será que el circulo de incoherencias mediatístas pudiera tener fin cercano. Lo que está en juego es demasiado.
Luis Felipe Viveros Montoya
Mis lectores me sabrán dispensar los espacios de comentarios personales, sean de la universidad, mi vida profesional o, incluso, mis espacios personales: que esos desatinos no los dejen perder la vista de lo que es fundamental, que no fuera otra cosa que pensar en clave jurídica y política, esto es, responsablemente, con la cabeza, sin pasiones descontroladas y huérfanas de razón alguna.
Descanso mi cuerpo a medio día, quitándoselo a mi mente, osea, veo noticias. Si las del “animalito de mar· o las del mismo dueño del más grande equipo de fútbol que dio la historia del amado deporte, nada importa, es más de lo mismo. Se toma la nota de la agencia de noticias y se empaqueta para un público que así quiere las cosas, sin complicaciones, sin el análisis.
Pero algunas cosas no escapan a la memoria: hoy captó mi atención la denegación de renuncia del juez de cargos de alias ·El Cebollero·, hombre bueno y, por lo que se ve, bastante sensato. Pero le ofrecieron todas las garantías. Que no se dijeran cuáles eran aquellas poco importó, las seguridades de las palabras eran más que suficientes. Y este reportaje tomó mi atención porque pocos días antes este amable señor se topó conmigo en el ascensor del edificio de mis padres, cordial y bien puesto me saludó sin delatar su inmensa preocupación. Yo, la verdad, creía que en ese momento se trataba de un asesor de un candidato político que también comparte propiedad horizontal con mis progenitores.
Pues que no era así: se trata de un juez penal, de los mismos que enfrentan y, muchas veces, encierran conocidos delincuentes, como “El Cebollero” y otros tantos, que están dispuestos a hacer lo que sea para conservar su libertad. Algunos de los lectores, ya aburridos con esta parte de la historia se preguntarán si no habrán leído ya demasiado, depronto si, pero esperemos que ya viene la paradoja: en abril del año 2010 el Juez Diego Fernando Escobar Gil, de la rama penal y que actuaba en el nivel del circuito perdió anunciadamente su vida por cumplir con su deber doblemente: aplicar la ley (en la sala de audiencia) y respetarla (en el día sin carro salió en transporte público y ello fue propisorio para su homicidio).
Será que el circulo de incoherencias mediatístas pudiera tener fin cercano. Lo que está en juego es demasiado.
Luis Felipe Viveros Montoya
miércoles, 7 de septiembre de 2011
Ayer compartíamos unas deshilvanadas ideas sobre el prinpio de proporcionañidada en materia penal y las funciones rehabilitadoras de la pen. Dijimos también que cambiar nuestras iusfilosofía vcostaba ciertos y caros principios de nuestro derecho penal y que, por demás, loo que hay ahoraa es un debate que va tras la chiva publicitaria, pero que de ninguna manera se está dando el fenómeno de que el mundo del derecho determine ek mundo empírico. çç
Parecería todo lo contrario entonces, lo excepcional marca la regla, la certidumbre es una rareza, el Estado de Derecho está en entredicho.
Pero nadie despierta del letargo, nadie dice las evidentes verdades que tantos reclamamos quienes amamos este deporte de corazón
El tiempo lo dirá
Parecería todo lo contrario entonces, lo excepcional marca la regla, la certidumbre es una rareza, el Estado de Derecho está en entredicho.
Pero nadie despierta del letargo, nadie dice las evidentes verdades que tantos reclamamos quienes amamos este deporte de corazón
El tiempo lo dirá
martes, 6 de septiembre de 2011
Desmontando la proporcionalidad
Es increíble la ausencia de reflexión jurídica que hay en un debate sobre tema eminentemente legalista en el Congreso del a República. Que no es menuda la cuestión de un referéndum para instaurar la cadena perpetua para ciertos delitos (cuáles es lo de menos) ya lo sabíamos, pero que aquello no tiene nada que ver con el derecho es algo nuevo hasta para quienes nos representan en favores democráticos.
El debate se ha contextualizado sobre aquellos puntos sobre lo que es imposible estar en desacuerdo: ¿a quién no le parece una atrocidad que se someta a actos sexuales no consentidos a menores de edad? ¿Quién podría dudar de la peligrosidad de individuos que patológicamente son de dudosa rehabilitación?
Pero lo que está en juego es otra cosa: se trata de principios ya connaturales a nuestra cultura penal: la función rehabilitadora de la pena y la proporcionalidad entre la conducta reprochada y el castigo son pilares fundamentales de nuestra cultura penal. Más a los verdes poco les importa esto. Hay que ir a los lugares comunes: para ser compasivo con los menores de edad hay que implementar una norma que, transversalmente, cambia toda la filosofía de nuestro ordenamiento penal, para terminar obteniendo prácticamente nada, o mejor, lo que se obtendría aplicando rígidamente la ley actual, cuyas penas no son espectaculares, pero son más que suficientes para el cumplimiento de la función retributiva que -también- tiene la pena.
Hacen falta juristas responsables, aquellos que no estén siempre del lado populosamente correcto: de la imposible restitución de tierras, de la fiscal locura de reparación de las víctimas, de la cadena perpetua para violadores de niños. O es que acaso cuando a alguien -que no sea el comandante paracaidista del otro lado del Orinoco- le preguntan si está de acuerdo con la paz del mundo dirá que no. Lo mismo pasa en los reinados de belleza; la diferencia con quienes rigen los destinos de la patria es que éstos deberían ser capaces de fundamentar filosóficamente su posición.
Qué Dios nos ampare....
El debate se ha contextualizado sobre aquellos puntos sobre lo que es imposible estar en desacuerdo: ¿a quién no le parece una atrocidad que se someta a actos sexuales no consentidos a menores de edad? ¿Quién podría dudar de la peligrosidad de individuos que patológicamente son de dudosa rehabilitación?
Pero lo que está en juego es otra cosa: se trata de principios ya connaturales a nuestra cultura penal: la función rehabilitadora de la pena y la proporcionalidad entre la conducta reprochada y el castigo son pilares fundamentales de nuestra cultura penal. Más a los verdes poco les importa esto. Hay que ir a los lugares comunes: para ser compasivo con los menores de edad hay que implementar una norma que, transversalmente, cambia toda la filosofía de nuestro ordenamiento penal, para terminar obteniendo prácticamente nada, o mejor, lo que se obtendría aplicando rígidamente la ley actual, cuyas penas no son espectaculares, pero son más que suficientes para el cumplimiento de la función retributiva que -también- tiene la pena.
Hacen falta juristas responsables, aquellos que no estén siempre del lado populosamente correcto: de la imposible restitución de tierras, de la fiscal locura de reparación de las víctimas, de la cadena perpetua para violadores de niños. O es que acaso cuando a alguien -que no sea el comandante paracaidista del otro lado del Orinoco- le preguntan si está de acuerdo con la paz del mundo dirá que no. Lo mismo pasa en los reinados de belleza; la diferencia con quienes rigen los destinos de la patria es que éstos deberían ser capaces de fundamentar filosóficamente su posición.
Qué Dios nos ampare....
miércoles, 16 de junio de 2010
martes, 15 de junio de 2010
EL IMPERIO DE LOS JUECES Y EL VALOR DE LA DEMOCRACIA
Leyendo el prólogo a la edición alemana de 1934 de la obra del más grande positivista de todos los tiempos, pudimos entender la finalidad que tuvo aquel jurista cuando se dedicó a estructurar una teoría “pura” del derecho. Quería Kelsen rescatar al derecho de las pasiones y las pretensiones políticas de sus operadores, quería evitar que fuera instrumental a una agenda ideológica determinada.
Por eso, dice Kelsen, lo que despierta las más agitadas críticas a su esfuerzo de que el derecho responda a categorías propias no es, como podría intuir algún académico convencido, su ubicación conceptual en el campo de las ciencias morales por oposición a las ciencias naturales, sino, muy al contrario, la propuesta de radical separación entre la política y el derecho. Los juristas, cree el austriaco, además de ser aplicadores del derecho vigente, no renuncian a la posibilidad de determinar, en el campo de la política, cuál debe ser el derecho del porvenir.
Para quienes de alguna manera nos dedicamos a la práctica y al estudio del derecho la reflexión de Kelsen no sólo resulta interesante sino muy actual. El proceso por el que se determina cuál es el derecho aplicable a determinada contención jurídica no tendría por qué estar influenciada por agendas políticas personales o de partido. Cuánto más grave aquello si el protagonista de aquellas faenas es un juez de la República. Sin embargo, todos los días son útiles para constatar que aquellos que no son favorecidos por la democracia suelen atrincherarse en la función judicial y, tomando ventaja de la independencia que su dignidad les otorga, suelen tomar decisiones que claramente atentan contra el principio democrático.
La estratagema es simple: interpretar el derecho desde valores propios y desconocer la voluntad del representante democrático y, cada vez más frecuentemente, del mismísimo poder constituyente. La doctrina de los límites competenciales aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-551/03 y los dos pronunciamientos sobre reelección constituyen los más graves ejemplos, pero de ninguna manera son las únicas manifestaciones de este fenómeno. Algunas teorías del derecho, muy en boga hoy, resultan útiles para ello; el resultado no puede ser sino el debilitamiento del espíritu del constitucionalismo, que no fuera otro que la defensa de la libertad frente al poder en un contexto de legitimación que no puede ser otro que la democracia.
Por supuesto que los jueces tienen que defender la Constitución, promover el debate democrático y asegurar el respeto de derechos fundamentales. Pero no debe hacer más que eso. Tiene que resolver litigios jurídicos, más no participar del debate político, mucho menos del clientelista y burocrático.
Cualquier teoría del derecho asumida desde una actitud respetuosa de la separación de poderes, esto es, que no rebase la estricta función judicial y suplante a los poderes democráticos, servirá a la libertad y a la democracia pero, sobre todo, será legitima, algo que debería resultar harto caro a los jueces, toda vez que éstos no gozan del favor democrático para su elección, ni sus procedimientos responden a la lógica de la democracia como en efecto sucede con el procedimiento legislativo.
Lo que no podemos olvidar es que la arbitrariedad puede venir en cualquier envoltura, incluso en azabache toga, y aquello no es más deseable que alguna otra dictadura. De los jueces esperamos más sentencias y menos entrevistas, más aplicación del derecho y menos política. En su gran mayoría eso es así, pero los pocos que siguen otro camino son nefastos para el principio democrático.
Por eso, dice Kelsen, lo que despierta las más agitadas críticas a su esfuerzo de que el derecho responda a categorías propias no es, como podría intuir algún académico convencido, su ubicación conceptual en el campo de las ciencias morales por oposición a las ciencias naturales, sino, muy al contrario, la propuesta de radical separación entre la política y el derecho. Los juristas, cree el austriaco, además de ser aplicadores del derecho vigente, no renuncian a la posibilidad de determinar, en el campo de la política, cuál debe ser el derecho del porvenir.
Para quienes de alguna manera nos dedicamos a la práctica y al estudio del derecho la reflexión de Kelsen no sólo resulta interesante sino muy actual. El proceso por el que se determina cuál es el derecho aplicable a determinada contención jurídica no tendría por qué estar influenciada por agendas políticas personales o de partido. Cuánto más grave aquello si el protagonista de aquellas faenas es un juez de la República. Sin embargo, todos los días son útiles para constatar que aquellos que no son favorecidos por la democracia suelen atrincherarse en la función judicial y, tomando ventaja de la independencia que su dignidad les otorga, suelen tomar decisiones que claramente atentan contra el principio democrático.
La estratagema es simple: interpretar el derecho desde valores propios y desconocer la voluntad del representante democrático y, cada vez más frecuentemente, del mismísimo poder constituyente. La doctrina de los límites competenciales aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-551/03 y los dos pronunciamientos sobre reelección constituyen los más graves ejemplos, pero de ninguna manera son las únicas manifestaciones de este fenómeno. Algunas teorías del derecho, muy en boga hoy, resultan útiles para ello; el resultado no puede ser sino el debilitamiento del espíritu del constitucionalismo, que no fuera otro que la defensa de la libertad frente al poder en un contexto de legitimación que no puede ser otro que la democracia.
Por supuesto que los jueces tienen que defender la Constitución, promover el debate democrático y asegurar el respeto de derechos fundamentales. Pero no debe hacer más que eso. Tiene que resolver litigios jurídicos, más no participar del debate político, mucho menos del clientelista y burocrático.
Cualquier teoría del derecho asumida desde una actitud respetuosa de la separación de poderes, esto es, que no rebase la estricta función judicial y suplante a los poderes democráticos, servirá a la libertad y a la democracia pero, sobre todo, será legitima, algo que debería resultar harto caro a los jueces, toda vez que éstos no gozan del favor democrático para su elección, ni sus procedimientos responden a la lógica de la democracia como en efecto sucede con el procedimiento legislativo.
Lo que no podemos olvidar es que la arbitrariedad puede venir en cualquier envoltura, incluso en azabache toga, y aquello no es más deseable que alguna otra dictadura. De los jueces esperamos más sentencias y menos entrevistas, más aplicación del derecho y menos política. En su gran mayoría eso es así, pero los pocos que siguen otro camino son nefastos para el principio democrático.
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