El Ministro y los “Empresarios de Pacotilla”

El Ministro y los “Empresarios de Pacotilla”

Por supuesto que el fraude cometido por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” no sólo compromete su ética, pero también su responsabilidad disciplinaria y penal. Igualmente, todos debemos exigir de los entes de control las más prontas conclusiones a tan vergonzoso hecho: que mal hemos quedado ante los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.

Pero igualmente graves han sido los señalamientos infundados del señor Ministro de la Justicia, en el sentido de que los abogados que representan causas contra el Estado colombiano son empresarios de pacotilla y quieren aprovecharse tanto del Estado como de las víctimas mismas.

Hay que poner las cosas en orden. El Estado colombiano comete diariamente daños en disfavor de personas que no tienen otro remedio que acudir a la justicia contencioso administrativa buscando una reparación integral. Segundo, se trata de procesos judiciales ante jueces independientes, por donde pasa que no hay ninguna estrategia truculenta más allá de las buenas y legales tácticas que los abogados de ambas partes usen para sacar adelante las pretensiones de las partes que representan. En ese sentido, las manifestaciones del Gobierno son irresponsables porque hacen presumir ante la opinión pública que quienes demandan son unos avivatos. Se trata no menos que de una doble victimización, un señalamiento vil que, de contera, pone en peligro sus vidas y, al menos, su reputación.

Igualmente irresponsable el Gobierno cuando anuncia que con el dinero que se ahorraría si no hubiera tantas demandas habría más escuelas y caminos para los pobres, más oportunidades para los jóvenes y otras promesas utópicas. Eso es cierto. Pero la solución no es que las víctimas no demanden, sino, al contrario, que el Estado no cometa daños contra aquellos, que profesionalice su burocracia, que no siga con la locura actual de crecerla cada día más, que les infunda el valor de lo público.

Más grave aún. Si estos procesos se ventilan ante la justicia contencioso administrativa y el Gobierno presume que aquello desangrará fiscalmente al Estado, está, nada menos, que poniendo en tela de juicio la independencia e imparcialidad de aquellos jueces administrativos y demostrando la negligencia de sus propios funcionarios en la defensa de los intereses del Estado. Quienes diariamente estamos ante estrados judiciales sabemos que eso no es así, pero las declaraciones efectistas del Gobierno buscan la debilitación de oenegés que ciertamente utilizan la justicia como arma política teniendo en un segundo plano a sus clientes.

Que el ejercicio del derecho en cualquier área es un negocio no debe sorprender a nadie. Los procesos que involucran graves violaciones a los derechos humanos necesitan del mejor talento jurídico para salir adelante. ¿por qué debería ser el altruísmo la única motivación para adelantar este tipo de casos? Eso lo único que lograría es que quienes están de hecho ya desprotegidos por su condición de víctimas estén en una desventaja aún mayor en un litigio contra un Estado con ilimitados recursos para defenderse.

Por mi parte, seguiré buscando y defendiendo causas justas, graves, que involucren las más admirables causas de derechos humanos y si soy un empresario de pacotilla por aquello: bienvenido sea!